reforma justa

LA REFORMA JUSTA

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón empieza pisando fuerte la enmarañada realidad nacional, una de esas pisadas es la reforma al sistema judicial colombiano, una reforma que propone una reestructuración al reconocimiento constitucional, plantea además una transformación a la función disciplinaria de jueces y abogados. La reforma traza la posibilidad de que el Fiscal no tenga que acusar directamente a los sindicados ante la Corte Suprema y que la política criminal pueda establecer prioridades para la lucha contra la delincuencia.

El punto crítico de la reforma a la justicia es sin duda alguna la presencia del tema político en la rama judicial, es innegable que muchos de los magistrados tienen bajo sus envestiduras fuertes intereses económicos, intereses propios o de terceros, legales o pseudolegales que se verían afectados por la nombrada reestructuración.

En Colombia la justicia parece ser sinónimo de escalofriantes estrategias ilícitas, tácticas alejadas de las togas y la salas de las cortes pero cercanas a una astucia monstruosa donde las sentencias son firmadas con sangre, condenas pagadas con motosierras y hornos incineradores; pareciera que la impunidad en este país se ha vuelto un elemento más del paisaje, las madres siguen llorando por sus hijos muertos y desaparecidos, decenas de localidades siguen siendo despojos de la guerra, convertidos en pueblos fantasmas, aún los indígenas y negros reclaman ante el Estado la devolución de sus ancestrales parcelas de tierra fértil, tierras convertidas hoy en productivos cultivos de palma que enriquecen los bolsillos de los mismos ricos de siempre.

Se pueden hacer todas las reformas a la justicia que el Estado considere pertinentes, se puede construir el sistema judicial más perfecto y mejor planeado, pero todo esto pierde validez si nuestro aparato legal está infiltrado por los enemigos de este país, personas que utilizan el sistema judicial como herramienta para vengarse de sus propios enemigos, si esto sigue ocurriendo el sistema seguirá fallando irremediablemente. Se debe garantizar la no injerencia política de magistrados, fiscales y jueces en todos sus niveles, sin esto, no se podrá garantizar nunca la independencia y  credibilidad de la justicia Colombiana.La sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados a las leyes.

Pablo A. Vélez E.